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INJERENCIA DE LOS DINEROS PRIVADOS EN LAS CAMPAÑAS ELECTORALES

Por: LUZ BETTY JIMENEZ DE BORRERO y PABLO A. BORRERO V.*

La injerencia de los dineros privados en la financiación de las campañas electorales, no constituye un hecho nuevo ni casual en nuestra sociedad. Por el contrario, hacen parte de la estrategia que utilizan algunos sectores económicos y políticos que aportan dinero a las campañas al tiempo que exigen como contraprestación al candidato triunfador de la contienda política toda clase de gabelas y beneficios (zonas francas, subsidios, créditos bancarios, ventajas arancelarias, etc.), además de la participación en la contratación oficial para la ejecución de proyectos de infraestructura vial, de transporte, construcción de viviendas, etc., utilizando para ello en ciertas ocasiones el soborno a altos funcionarios del Estado, incluyendo candidatos con opción de acceder a los cargos de representación popular y del poder presidencial, al estilo de lo que sucedió con Toledo en el Perú. Y por supuesto sobornando igualmente a los gerentes de las campañas electorales que manejan y disponen de los recursos económicos y financieros de carácter público o privado tal como acontece en el país.

Una prueba fehaciente de todo lo anterior se refleja en lo que se conoce como el caso de la multinacional Odebrecht la cual le entregó al ex senador Otto Bula la suma de 4.6 millones de dólares con destino a la campaña electoral para la elección presidencial de 2014, de los cuales un millón trescientos mil dólares correspondieron presuntamente al Centro Democrático que apoyaba la candidatura de Zuluaga y un millón de dólares para la coalición de partidos de la Unidad Nacional que respaldaba la candidatura del actual mandatario.

Aunque en el caso de la campaña Santos Presidente, no existen pruebas concluyentes que demuestren que su gerente recibió dineros provenientes de la citada multinacional que por lo demás construye varias obras en el país contratadas inicialmente durante el gobierno del ex presidente y senador Álvaro Uribe y refrendadas posteriormente bajo el actual gobierno del presidente Santos, no por ello la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Nacional Electoral deben sustraerse de la obligación legal de investigar a fondo los hechos denunciados que comportan varios delitos (concierto para delinquir, lavado de activos, falsedad documental) y violaciones a las leyes electorales que prohíben expresamente recibir dineros de personas naturales o jurídicas extranjeras con destino a la financiación de las campañas electorales.

Por otra parte se trata de que las instituciones competentes se pronuncien a la mayor brevedad posible sobre este caso, en tanto que su aplazamiento o dilación solo generará mayor impunidad y corrupción.

El compromiso de los ciudadanos y de las fuerzas democráticas y progresistas del país, es el de continuar denunciando la corrupción que se ha extendido a todos los niveles e instancias del poder del Estado, el cual actúa bajo el dominio y control de las clases dirigentes conduciendo a que este no exprese por igual los intereses comunes de los ciudadanos. Y de ahí que la aprobación de nuevos estatutos anticorrupción o la suscripción de firmas para la realización de una consulta popular que le imponga al congreso de la república la expedición de nuevas leyes que limite la acción de los corruptos, no será mas que un canto a la bandera que poco o nada contribuirá a acabar con dicho flagelo en sus diferentes formas y modalidades, y mas bien estará encaminada a generar falsas expectativas de cambio en las costumbres políticas para que todo siga igual o peor en la sociedad en que vivimos.

Se impone desde ya la necesidad de que entren en plena vigencia la reforma electoral y el estatuto de la oposición, con el fin de garantizar la actividad política de los partidos y movimientos de oposición al gobierno y al régimen político imperante, a propósito de la realización de la próxima campaña electoral que tendrá lugar en el 2018, a fin de que los potenciales electores puedan escoger libremente sus gobernantes y demás candidatos a los cargos de representación popular, sin que los dineros legales o ilegales de carácter privado constituyan un factor determinante del ejercicio del derecho constitucional a elegir y ser elegidos y de los resultados de las elecciones, en las que descansa la denominada democracia liberal, cuyo marco de acción deberá superarse con la participación masiva del pueblo colombiano en las urnas en la escogencia de aquellos ciudadanos que demuestren en la práctica representar y defender los intereses generales de la población, la moralidad pública y la transparencia en el ejercicio de sus funciones, en contra de la corrupción que corroe la sociedad, el Estado y el pensamiento mismo de la vieja y nueva clase dirigente del país.

 *VEEDORES CIUDADANOS POR LA DEMOCRACIA Y LA CONVIVENCIA SOCIAL

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