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“USURPADORES LATIFUNDISTAS” E “INVASORES MINIFUNDISTAS” DE BIENES DE USO PÚBLICO

Por: CLAUDIO BORRERO QUIJANO*

“Usurpadores Latifundistas” e “Invasores Minifundistas” de Bienes de Uso Público, Inenajenables, Imprescriptibles e Imbargables por mandato Constitucional, ustedes ocupan territorios públicos blindados del Estado, teniendo en cuenta su condición de Parques Nacionales, Reservas Forestales Protectoras, Ejidos Urbanos y Rurales, en este análisis son pertenecientes al Municipio de Cali, áreas equivalentes al 57,3 % (32.068 Ha) de las 56.000 hectáreas de superficie global del Municipio, cuyo saldo de propiedad privada es equivalente a 23.938 Hectáreas. El censado de 30.794 ocupantes irregulares lo realicé “Gratis” durante los Gobiernos de los Ex Alcaldes Populares Jhon Maro Rodríguez, Apolinar Salcedo y Ramiro Tafur, encabezados por su Ex Secretario de Hacienda y Catastro, Abogado Francisco Lamus, ahora se cobran miles de millones de pesos, lamentablemente en esos mismos días fue secuestrado por las FARC. “Lo escrito, escrito está”. La “Prueba Reina” que contiene la identificación plena tanto de “terratenientes avivatos latifundistas” como de “invasores minifundistas”, las memorias fueron entregadas en notas escritas al Doctor “Juan Carlos Vélez”,  Ex Superintendente de Notariado y Registro y sus funcionarios, documentos completísimos que descubren a todos los ilícitos ocupantes de estos Bienes de Uso Público; esas pruebas hicieron parte de mi denuncio ante el Consejo de Estado con fallo favorable unánime ejecutoriado desde el pasado 26 de Junio de 2.015, con ponencia favorable de la Consejera de Estado María Claudia Rojas Lasso y la unanimidad de su Sala correspondiente.  No olvidar nuestro escudo de armas aprobado por el rey de España desde 1.559, el cual recita nuestras riquezas ecológicas de fuentes hídricas, reservas forestales, bosques de niebla, santuarios de fauna y flora, aires descontaminantes del pacífico, en fin no existen armas de ninguna índole. Solicito se denuncie e investigue a fondo el catastro municipal que ha manifestado después de 51 años de existir Invicali, Secretaria de Vivienda y el Catastro Municipal que solamente son 145 particulares los usurpadores de este patrimonio público, debiéndose indagar las conexiones corruptas de estas dependencias ante los denuncios de la propia Superintendencia de Notariado y Registro a cargo del doctor Jairo Mesa Guerra (publicacion del diario el país viernes mayo 12 de 2.017). Las primeras dos (2) sentencias favorables como consecuencia de mis denuncias Constitucionales de Acciones Populares, fueron tramitadas en promedio de ocho (8) años de trámites, las decisiones emanaron por unanimidad y están debidamente ejecutoriadas por la Superioridad Jurídica de Colombia desde 25 meses atrás fallos los cuales además son irreversibles. Son los Alcaldes en ejercicio a quienes nítidamente corresponde hacer cumplir esos mandatos tal es el caso del Municipio de Cali. Las sentencias como fue lo sucedido con mis denuncios se dictaron contra “inexistentes indeterminados”, patrimonio público de Bienes de Uso Público imprescriptibles, Inenajenables e inembargables por mandato Constitucional, entre esos bienes, Parques Nacionales Naturales, Reservas Forestales Protectoras o Ejidos Urbanos y Rurales del Municipio de Cali. Las dos primeras condiciones del blindaje de estas propiedades de la Nación se debieron cumplir hasta cuando fueron baldíos de la Nación, después de cederse a gratuidad y perpetuidad de dominio por mandato de las Leyes 41 de 1.941 (Eduardo Santos) y la Ley 175 de 1.948 (Mariano Ospina Pérez), por los ex Presidentes mencionados, estos “Bienes de Uso Público” pasaron a engrosar el Patrimonio Público Municipal, con las correspondientes sanciones previstas en esas cláusulas sancionatorias respectivas, como la de “Restitución de Tierras” o Reversión a la Nación de esos mismos Bienes de restricciones de uso, mandatos violados posteriormente, incumpliéndose las restricciones  previstas en las “Normas”. Todas estas áreas ocupadas ilícitamente por millares de usurpadores “latifundistas”  ostentaban títulos precarios de propiedad privada, otros miles de  “minifundistas” invasores, unos y otros superan los 80 años de ilicitudes no solamente violatorias de las leyes penales sino de las correspondientemente normas restrictivas en cuanto al Uso de estos Suelos. Cuando los noveles propietarios ostentaban títulos de propiedad privada precarios y viciados de nulidad absoluta en cualquier época, con titulaciones soportadas en ilícitas sentencias judiciales emanadas desde la década de los años cuarenta en el Distrito Judicial de Cali, a donde “prescribieron lo imprescriptible”, y como si fuera poco se corrieron contra “indeterminados”, aunque fuera conocido eran baldíos o territorios nacionales del Estado declarados Reservas Forestales Protectoras o bien mantenían su condición de  “Bienes de Uso Público”,  imprescriptibles, inenajenables e inembargables por mandato Constitucional, afectaciones normativas que datan desde 1.936. Posteriormente fueron cedidas por leyes de la República al patrimonio público del Municipio de Cali, esas decisiones se soportaron en las leyes 54 de 1.941 (Presidente Eduardo Santos) y la ley 175 de 1.948 (Presidente Mariano Ospina Perez), con sus correspondientes escrituras públicas registradas las cuales fueron corridas y aprobadas por Resolución Ministerio de Agricultura desde Septiembre 8 de 1.960, posteriormente elevadas a escritura Pública 907 de Febrero 28 de 1.961  por el honorable ex Personero de Cali, Abogado Sergio Rivas Rentería. Los otros “inmigrantes” minifundistas fueron los “invasores ilícitos”, quienes se aposentaron mas agresivamente desde los años 1.950, huyendo de la guerra fraticida bipartidista de la época, esas realidades crecieron aceleradamente con posterioridad a lo que fue la ocupación irregular de las altas clases de terratenientes pertenecientes a las elites Sociales Cultas, Políticas y Económicas de los raizales auténticos. Abogado Edgardo Maya Villazon, Ex Procurador General, usted proclamó abrir la discusión sobre el “Levantamiento de la Reserva Sumarial en Colombia”, no sería saludable reactivar su iniciativa en momentos crecientes de la falta de credibilidad enraizada en el País ? Señor Presidente Juan Manuel Santos Caballero, la Ciudad de Cali no puede seguir siendo en Colombia territorio excepcional de la Patria para  violar la Ley, he probado Judicialmente como caleño raizal emparentado con algunos de los “usurpadores” de los últimos 79 años, dichas Sentencias de Acciones Populares Constitucionales fueron falladas a mi favor  unánimemente, a la vez debidamente ejecutoriadas desde Abril 20 de 2.015 por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle –  Radicado 76001333101620090036001, restituyéndose un patrimonio público de 4.060.082 metros cuadrados de Ejidos Urbanos localizados en las Comunas Urbana y Rural 18 y 19 de Cali; en la primera existen 50.000 familias de estratos uno que vienen luchando desde más de medio siglo por su título gratuito sobre ese patrimonio público destinado por decreto 1333 de 1.986 a fomentar y ejecutar planes de vivienda popular; en Justicia Social ellos tienen derechos adquiridos para que les titulen sus predios como propiedad privada, son áreas que no superan en promedio los sesenta metros cuadrados de esa materia prima Ejidal, esta aprobación cumplió dos años y 18 días de vigencia, y continua el desacato contra la sentencia de la Superioridad Jurídica con pleno Fraude a Resolución Judicial en Colombia…. insólito pero cierto. El Consejo de Estado igualmente por unanimidad aprobó la Sentencia fechada en Junio 26 de 2.015, radicado 76001233100020040065601 la cual está debidamente ejecutoriada e incumplida  con  Desacato a Resolución Judicial, denuncio formal que estoy presentando en Bogotá; en esta unánime decisión se restituyeron 237.000.000 millones de metros cuadrados del Parque Nacional Natural de los Farallones de Cali y las Reservas Forestales Protectoras de Cali, Bienes de Uso Público imprescriptibles, inenajenables e inembargables territorios municipales cedidos a gratuidad y perpetuidad de dominio al Municipio de Cali por la Ley 54 de 1.941 (Eduardo Santos) y la Ley 175 de 1.948 (Mariano Ospina Pérez), de valor comercial inconmensurable. Señor Presidente de la Paz, mis denuncios penales y acciones populares se iniciaron desde hace más de dos décadas a partir del año 2.006, las cuales gracias a su decisión valerosa fructificaron parsimoniosamente durante su actual gobierno.

Patrióticamente: Claudio Borrero Quijano 76 años. Ingeniero Civil. U. Javeriana.

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